Sin dudas, la ley azucarera que promueve el Poder Ejecutivo provincial cambiará las reglas del juego en el sector en Tucumán, y afectará intereses particulares de diversa índole. Es por eso que a quienes apoyan el proyecto desde la actividad les preocupa que la norma pudiera presentar vacíos legales, que serían aprovechados por quienes se oponen a la iniciativa. "Desde el punto de vista legal, todos los análisis y dictámenes jurídicos fueron realizados. El proyecto fue elaborado dentro de las competencias de la provincia", aseguró a LA GACETA el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo. "Desde el punto de vista jurídico, la ley no presenta flancos débiles", apuntó el funcionario.
A través de este proyecto, el Gobierno pretende brindar las herramientas necesarias para que la actividad azucarera de Tucumán no genere excedentes que afecten al precio interno del azúcar, como viene ocurriendo desde hace un año. La premura en lograr que los precios del producto sean rentables llevó a que el gobernador, José Alperovich, exigiera que la iniciativa legal sea tratada en la Legislatura la próxima semana. "El proyecto ya está terminado, y lo hemos enviado a la Secretaría General de la Gobernación para que a su vez lo remita a la Legislatura. El objetivo es que sea tratado el jueves de la semana que viene y que la ley tenga plena vigencia antes del inicio de la próxima zafra (previsto para mayo)", indicó Feijóo.
El funcionario comentó que mediante la propuesta legal se creará el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán, que se ocupará de administrar un sistema de depósitos de azúcares en garantías. "Antes de empezar la zafra, se efectuará una estimación de excedentes y los ingenios, por su azúcar o por ser agentes de retención del azúcar de los cañeros, deberán constituir físicamente, en depósitos fiscales, el volumen del producto correspondiente al porcentaje de excedentes. Con este objetivo, habrá un cronograma para cada ingenio", precisó. Aclaró que esos azucares retenidos en garantía "serán liberados contra exportaciones o contra fabricación de alcohol no proveniente de melaza".
"Todos los ingenios y todos los cañeros estarán obligados a constituir los depósitos en garantía, tarea que recaerá en las fábricas, por ser agentes de retención", remarcó. "La ley no es contra nadie ni busca culpables de nada, sino que es para todos y apunta a solucionar un problema crónico de la actividad azucarera", concluyó Feijóo.